España en su hora más crítica
En los últimos días ha regresado a las columnas de los periódicos y a los discursos de funcionarios de organismos internacionales la situación económica española. El país ibérico ha sido integrado con un lote de otras naciones en problemas a las cuales se identifica con el nombre de PIGS. La tasa de desempleo español orilla el 20% con más de 4 millones de parados. El FMI pronostica que la economía española no crecerá este año (-0,6%), siendo que el resto de las economías desarrolladas según el organismo internacional sí se recuperará con tasas de crecimiento positivas. Otras consultoras pronostican una caída mucho mayor para la economía española para el corriente año. El déficit fiscal nacional se encuentra desfasado y por encima del límite permitido por la Unión Europea (del 3% del PIB). Hay analistas que están viendo como posible que la economía española entre en un proceso como el de Argentina a finales del siglo pasado y termine en una crisis aún mayor a la actual. Unos y otros ya hablan de una posible quiebra de la unión monetaria como consecuencia de la situación española, ya que los desequilibrios financieros del sector privado y público arrastrarían a todo el bloque monetaria hacia el abismo. Interesante debate y mucho más interesante situación para seguir de cerca si la disciplina financiera y fiscal que la Unión Europea obliga tener a sus miembros se respetará y hará cumplir.
Antes de existir el euro los desequilibrios fiscales de los Estados europeos se solucionaban con una mezcla de emisión monetaria, endeudamiento público y aumento de impuestos. Hoy la primera alternativa para aquellos países miembros de la unión monetaria no está disponible. El problema es que la deuda pública ha crecido a niveles estratosféricos y la carga tributaria es super confiscatoria. Ergo, sólo queda el ajuste fiscal por el lado del gasto público, cosa poco común y a la cual los políticos (y los que dependen del gasto público: empleados, proveedores y pensionados) son poco afectos.
El economista Juan Ramón Rallo calcula que en España 15 millones de trabajadores del sector privado tienen que financiar los ingresos de más de 16 millones de personas que dependen del Estado (entre desempleados, pensionados y empleados públicos). Es decir, cada español que trabaja en el sector privado tiene a su cargo a por lo menos una persona a la cual debe subsidiar para vivir, además de la carga familiar que puede llegar a tener si tiene otros familiares a cargo (hijos, esposo/a, padres, etc., etc. ). Luce una relación complicadísima de sostener en el tiempo. El estado español debería reducir sus erogaciones para de esa manera alcanzar un margen para reducir la carga tributaria, incentivar el consumo y la inversión del sector privado y así permitir un mayor crecimiento de los salarios reales. Claro que, como dice un amigo, ningún político corta la rama donde está parado. Las veces que desde el Estado se ha decidido una reforma del sector público son las menos en la historia de la humanidad. Los políticos casi siempre prefieren aumentar impuestos, emitir dinero o endeudarse. O sea, en términos futbolísticos, patear la pelota afuera y esperar a que pasen los minutos. El problema es que la falta de responsabilidad fiscal tiene efectos negativos sobre la creación de riqueza. "No free lunch" decía el gran Milton Friedman. El Estado y los ciudadanos españoles enfrentan un momento clave que determinará su futuro por mucho tiempo: o ajustan por las buenas o el ajuste vendrá por las malas.







