La economía argentina es un caso de estudio en las universidades del planeta y tema de discusión habitual en cualquier rincón del mundo donde se junten un argentino y un ciudadano de otro país. Las preguntas recurrentes que a uno le hacen es: "¿cómo puede ser que ese país (en referencia a Argentina) esté como está? ¿Cómo puede ser que hayan caído tan bajo? ¿Cuáles son las causas de la decadencia?". Los factores para explicar la decadencia de un país que hace 100 años estaba en el lote de las diez principales economías del planeta, en términos de ingresos per cápita, son múltiples. Pero uno de ellos es sin duda la "adicción inflacionaria" de la dirigencia en general y la sociedad que habita el territorio argentino. Entre 1945 y 1990 el aumento promedio anual de los precios en el país ha sido del 96%, como se detalla en esta nota. Desde mediados del siglo XX los sucesivos gobiernos (militares y civiles) financiaron ininterrumpidamente los excesos de gasto público mediante el atajo fácil de la emisión monetaria. El proveedor de este "remedio" siempre fue el banco central local, creado en 1935. Desde 1945 a 1975 el índice de precios anual mantuvo su ritmo de crecimiento anual entre 20 y 30%, con excepciones puntuales (en 1959 se alcanzó un aumento del 100%). Pero ya en 1975 la cosa pasó a una etapa superior, alcanzando ese año un aumento de precios del 335%. Se mantuvo siempre el ritmo de aumento de precios por encima de los 3 dígitos siempre en los años posteriores, con excepción del año 1980 (+ 87%), y creciendo en la segunda mitad de la década del 80, hasta alcanzar finalmente una situación hiperinflacionaria hacia mediados de 1989. En julio del 89 los precios aumentaron casi un 200% y a lo largo de todo el año casi un 5,000%. Luego, se implementó un plan anti inflacionario (una convertibilidad entre el peso y el dólar) que tuvo éxito y logró reducir la inflación a su mínima expresión. Para 1993 los precios ya subieron sólo un dígito y para 1995 no superaban aumentos anuales menores del 2%. Pero el aparente éxito inflacionario fue sólo eso, una ilusión. Porque el gasto público seguía siendo excesivo pero financiado durante la década del 90 por privatizaciones y deuda pública. Se había abandonado el financiamiento monetario del gasto público pero se habían encontrado sustitutos. Nunca se hizo una profunda reforma del sector público que ordenara el Estado para de esa manera no tener que hacer depender al fisco de fuentes extraordinarias de financiamiento. Por eso que cuando se terminaron de privatizar las empresas y el crédito al Estado argentino se canceló vino la crisis. Salida de la convertibilidad, devaluación feroz, emisión monetaria y vuelta a las andadas. Desde 2001 a 2006 los gobiernos tuvieron la suerte de enfrentar una situación fiscal holgada, producto del default de la deuda pública, de la devaluación y de una recaudación que aumentaba anualmente dos dígitos debido a la creación de nuevos impuestos, entre ellos las retenciones que gravaban las crecientes exportaciones argentinas al mundo. Las ventas al exterior, gracias a un mundo que no paraba de comprar productos agropecuarios de Argentina, crecieron desde los 25,000 millones de dólares del año 2001 a los 70,000 millones del 2009. Gran parte de este fenomenal aumento se debió a las ventas del sector agropecuario, fundamentalmente de la soya. Fue ese producto el que prácticamente salvó fiscalmente a los últimos gobiernos de no tener que recurrir al endeudamiento público (que además no lo tenía por haber dejado de pagar la deuda en 2001) o a la emisión monetaria de manera masiva.

Pero la situación fiscal del gobierno fue cada vez más complicada. Con un programa populista, estatista y sesgado hacia un fenomenal aumento del gasto público (con el pretexto de la redistribución del ingreso y bla bla bla) hacia fines del 2007 la situación de las finanzas públicas se puso oscura, reapareciendo el déficit fiscal. Entonces el gobierno buscó aplicarle un nuevo impuestazo a las ventas agropecuarias al exterior, propuesta que fue rechazada por el Congreso nacional. Entonces, ni lerdo ni perezoso, el gobierno apuntó a los fondos de pensiones privados y los estatizó a fines del 2008. Pero como este stock de recursos se fue agotando, para fines de 2009 el gobierno, por medio de un decreto presidencial, obligó al banco central a entregarle 6,500 millones de dólares de reservas internacionales (el 15% de las reservas totales brutas). El presidente del banco central se negó y entonces mediante otro decreto fue despedido. Después de un mes y medio de idas y vueltas entre la posición del gobierno y la del funcionario en cuestión, finalmente este último decidió renunciar. Ayer fue nombrada su reemplazante, una economista que ya era miembro del gobierno y que ocupaba la presidencia de un banco estatal. De todas maneras, el nuevo nombramiento a esta altura es irrelevante. Los únicos que podrían aceptar aquel serían personas convencidas de que el banco central tiene que ser un apéndice de la tesorería nacional para de esa manera depender de los requerimientos fiscales del gobierno (la nueva presidenta del banco central ha manifestado que el banco central no debe ser independiente de las política del gobierno. Clic acá para ver archivo). Ninguna persona que crea en la independencia del banco central (aunque yo creo que esto es una utopía, por eso creo en el free banking) puede aceptar el cargo de presidente del banco central de Argentina en este momento debido a las presiones del gobierno y la dirigencia política en general. ¿Qué significa esto? Que el gobierno intentará hacerse no sólo de esos 6,500 millones de dólares de las reservas del organismo monetario, sino que además irá por el máximo de dólares de reservas del banco que pueda. Y todo para financiar el creciente gasto público (crece a un ritmo del 30% anual mientras que los ingresos públicos suben al 15%) que genera un agujero fiscal infinanciable de manera genuina (por medio de tributos).  

La población argentina sabe una cosa: que cuando el banco central comienza a financiar un gasto público creciente lo mejor es salvar lo que se pueda y cambiar el producto que vende el banco central (los pesos) por otros productos que saben no perderán de valor (bienes, propiedades, otras monedas, etc.). Y cuando sube la oferta monetaria y baja la demanda de dinero el poder adquisitivo del mismo tiende a reducirse a pasos agigantados. Esto se refleja en un aumento aún mayor de los precios (en los últimos 3 años la suba promedio de precios anduvo por el 20-25% anual) y un aumento del precio de las divisas.

En una país como la Argentina, que en los últimos 40 años ha cambiado 4 veces de moneda, sacándole ya 13 ceros sucesivamente a los billetes, el ataque del gobierno a lo que quedaba de "independencia" o "autonomía" del banco central es como si a un borracho le dieran las llaves de un depósito de licores para que lo cuide. Como dijo Hans Sennholz: "Confiar nuestra moneda al gobierno es como confiar nuestro canario a un gato hambriento".